por Gustavo Javier Valdes
En el relato antiperonista, la expropiación del grupo Bemberg llevada a cabo en 1.952 ha sido presentada como una expresiòn del poder concentrado del líder, o bien como un ataque descarado a la propiedad privada, pero lo cierto es que el caso Bemberg se iniciò mucho antes de la llegada de Juan D Peròn al poder, dado que se remonta a 1.937, cuando una denuncia ante los tribunales de justicia condujo al gobierno nacional de Agustìn P. Justo a iniciar un reclamo por la evasiòn del impuesto a la transferencia gratuita de bienes mediante una maniobra evasiva consistente en la constituciòn de sociedades anònimas con residencia en el extranjero, tal vez una de las formas màs utilizadas desde siempre por los holdings existentes en Argentina. La posterior paralizaciòn del tràmite ordinario lejos de disminuìr el interès de la opiniòn pùblica sobre el tema, lo exacerbò hasta convetirlo en uno de los escàndalos econòmicos màs importantes de los años treinta.
Segùn el propio Peròn, en La fuerza es el derecho de las bestias, “la familia Bemberg en la Argentina es algo así como un inmenso pulpo venenoso que todo lo va emponzoñando y ocupando. La corrupción de funcionarios públicos fue su especialidad. La “coima” es una institución bembergiana. Penetró el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. No hubo rincón de la administración pública donde Bemberg no llegara con su corrupción. Mediante este procedimiento delictuoso llegó a amasar una gran fortuna; como Al Capone, se dedicó a la cerveza y constituyó el más extraordinario monopolio, para estar también fuera de la ley en este aspecto. Sus abogados fueron también famosos como lo son en el foro los que se dedican a esta clase tan torcida del derecho. Bemberg fue tomando todas las cervecerías del país después de arruinar a sus legítimos dueños por la competencia desleal. Tomó todas las fábricas de levadura y monopolizó las malterías. Era desde ese momento el “Rey de la Cerveza ”, como tal, había terminado con todos. Obtenido esto, se dedicó a la yerba mate y tal vez habría creado otro inmenso monopolio si las cosas no hubieran cambiado con la muerte de “Don Otto”.
A la muerte de este señor, sus herederos iniciaron juicio sucesorio, y tras casi veinte años de tràmite, con gran sorpresa para el fisco, el haber hereditario se reducía sólo a seiscientos mil pesos. Terminado el juicio, frente a tan insólita y absurda simulación, el Consejo Nacional de Educación denunció la evasión de impuestos y el asunto pasa a la justicia federal. Allí el juicio durmió el sueño de las cosas olvidadas durante quince años, en los que los herederos Bemberg han de haber movido algunas “influencias” para que “no se hablara más del asunto”. “Hijos de tigre, tenían que salir overos”. En 1946, cuando Peròn recibiò el gobierno y no tenía ni noticias del “caso Bemberg”, el periodista José Luis Torres inició una campaña en los diarios y por folletos, sobre esta defraudación al fisco. En ese entonces se había creado el Ministerio de Educación, en reemplazo del antiguo Consejo Nacional de Educación, que era quien percibía los impuestos a la herencia y las herencias vacantes, por lo que pidiò al Ministro que estudiara el asunto y cumpliera la ley. Desde entonces el juicio marchó. Sería largo historiar todo lo que se comprobó en ese juicio que, por otra parte, ha sido publicado en extenso. Las demandas eran de dos caracteres: una por defraudación al fisco y otra por monopolio. Eran tan abrumadoras las pruebas que ambos juicios aunque largos y laboriosos, terminando condenando a la sucesión Bemberg y ordenando liquidación de sus bienes en rebeldía porque todos los Bemberg habían desaparecido del país. Se comenzó la liquidación pero, mientras se estaba en ello, se comprobó que algunos testaferros actuaban para adquirir para Bemberg lo que el mimo Bemberg vendía. Esta superchería hizo que el Congreso tomara cartas en el asunto y dictará una ley especial sobre cómo debía hacerse la liquidación.
A partir de 1946, el nacionalismo econòmico alcanzò nueva fuerza cuando el gobierno peronista nacionalizò el Banco Central, los ferrocarriles ingleses y franceses, la compañìa de telèfonos estadunidense y el comercio exrerior a través del IAPI, pero la ofensiva estatal se mantuvo en ciertos lìmtes. En efecto, si bien Peròn ensayò diversos instrumentos de contralor comercial y financiero de las grandes empresas, prefirió evitar la nacionalizaciòn de grandes sectores de la industria como la del cemento, los frigorificos y las compañias de electricidad. El interès de Peròn por impulsar una mayor industrializacion se expresò a travès de la aplicaciòn de un conjunto variado de instrumentos de polìtica industrial, entre los que sobresalìa el control de las importaciones y el crèdito de la banca oficial, que a menudo beneficiaron a las grandes empresas, pero la expropiación de plantas fabriles fue una herramienta execpcional , y en particular la del grupo Bemberg , en gran medida motivada porque èste se habìa convertido en un sìmbolo de la influencia polìtica del poder economico y financiero antes del advenimiento de la "Nueva Argentina", asì como una expresión emblemática de la evasión y elusiòn de las obligaciones tributarias en desmedro del interés público, y la producción monopòlica.-
El 20 de Diciembre de 1949, el juez Ismael Segovia condenò a los herederos a pagar una multa de $ 97.000.000 que fue confirmada en 1950 por la Càmara de Apelaciones , al mismo tiempo que para entonces el Ministerio de Industria realizaba una amplia investigación que confirmaba la sospecha de que la operatoria había violado la ley 12.906, de represión a los trusts. Mientars tanto las autoridades habían iniciado la liquidación
Mediante la sanciòn de la ley 14.122/52 la liquidaciòn de las empresas del grupo cambiò la abulia del procedimiento judicial y empezó a tomar un ritmo acelerado. Ello fue el resultado de la decisiòn oficial de tomar cartas en el asunto y planificar una real liquidación de los bienes y evitar su reabsorciòn por empresas privadas. Con ese fin, el gobierno decidiò que la liquidaci6n se realizara a travès de licitaciones y no por medio del remate pùblico como establecìa la ley de quiebras. Las primeras licirationes tuvieron lugar en enero de 1953 e involucraron a nueve empresas. La adjudicaciòn se produjo en abril y en todos los casos resulto favorecida la presentaci6n oficial realizada a naves de la Direcci6n Nacional de Industrias del Estado (DINIE). En total, el Estado federal abonarìa 228 300 000 pesos; 127 800 000 para adquirir cuatro cervecerias (Palermo, Bella Vista, Buenos Aires y Cervecerìa y Malterìa Argentina, 24 para Estancias Santa Rosa, 50 para SEFAC, 20 para Manufactura Algodonera, 5 500 000 para la Caja de Credito Hipotecario y 1 000 000 para la compra de la Cìa. Industrial Olivicola. Contra lo establecido en las bases, el gobierno ofreci6 adquirir las empresas mediante la emisiòn de bonos pùblicos no negociables, con un interès anual del 3 % . Poco despuès, se sancionò un decreto mediante el cual gran parte del precio final de las empresas resultaba compensado por sus deudas impositivas.
A través de dicho instrumento fue posible que el Sindicato de Cerveceros y afines de la República Argentina, que agrupa a todos los obreros de Bemberg, pudieran comprar las cervecerías y los establecimientos afines, pagando un precio justo y convirtiéndose en propietarios, mediante el sistema cooperativo. Tenemos más cerveza y es del Pueblo. También en este caso los “libertadores” prometieron devolver a Bemberg, que los “financió”, sus bienes, despojando a los obreros que compraron de buena fe, mediante un fallo definitivo de la justicia y una ley nacional que dispuso la liquidación. Aunque estos “libertadores” han dado muestras de desconocerlo todo, imagino que entre ellos habrá algunos que tengan algo de juicio y conozcan algo de derecho, aunque generalmente en las dictaduras militares el derecho suele ser la cosa más olvidada, más desconocida y más aborrecida: los dictadores son el derecho. Por eso Peròn cita a Cicerón, quien afirma: “La fuerza es el derecho de las bestias”.
En un fallo ejemplar, la CSJN en la sentencia 224:810 , al cuestionarse la constitucionalidad de la ley 14.122 por los accionistas del grupo dijo que la misma “ ha creado una categoría con las 33 sociedades que forman el Grupo Bemberg, pero la distinción es perfectamente razonable, porque ella obedece a la naturaleza propia de las cosas, ya que aquellas constituyen un ente económico especial, que sòlo por vìa de apariencia revisten la forma de diversas sociedades anónimas. Esto pone en la balanza dos valores , de un lado los intereses del bien común, y del otro los de los accionistas dueños del capital que integraba el patrimonio de la sociedad. No creo que pueda resultar dudosa la decisión acerca de cuales de esos intereses deben prevalecer en definitiva. Por muy respetable que sea el derecho de propiedad, tampoco es un derecho absoluto , y tiene una función social que cumplir como reza el art 38 de la Carta Fundamental. Ello no implica que deban consentirse despojos , ni dejar inermes a los accionistas para la defensa de sus legítimos intereses, màs sì importa la necesidad de armonizar los extremos para que ni el derecho del Estado a prohibir el funcionamiento de una sociedad cuya existencia considera perjudicial para el bien común se convierta en una confiscación, ni el derecho de los accionistas a defender su capital se transforme en un ejercicio abusivo del derecho de propiedad”.-
La experiencia del control gremial fuè breve. En noviembre de 1955, pocas semanas después del derrocamiento de Peròn , una comisión oficial se hizo cargo de las empresas del grupo, y tras elaborar un informe , le solicitò al gobierno del general Pedro E, Aramburu la nulidad de los acuerdos de traspaso, por lo que el 18 de Julio de 1.956, el decreto 12.965/56 los dejó sin efecto, y estableció la devolución de las empresas a la CAB. La recuperación de los bienes por parte de la familia Bemberg y el reconocimiento de los presuntos derechos de los accionistas se producirán cuatro años màs tarde, luego de que a partir de mayo de 1.957 se conocieron las primeras sentencias judiciales, que rápidamente se adecuado ralos nuevos vientos “ libertadores”, y que fallaron a favor de la familia Bemberg y otros accionistas. En total fueron 18 fallos que anularon la inclusión de varias empresas en la ley 14.22. Finalmente, en 1958, Frondizi , a pesar de no haberse agotado las instancias judiciales, optò por el acuerdo extrajudicial con el grupo Bemberg, suponiendo que ello pudiera alentar el ingreso masivo de capitales extranjeros, finalizando las negociaciones en 1959 con la firma de varios convenios entre el Estado nacional y la Brasserie Argentine Quilmes, que importò la devolución de las empresas a sus “ legítimos propietarios”, acatando el Estado la declaración de inconstitucionalidad de la ley que había expropiado los bienes de la familia Bemberg, a pesar de la oposición expresa del Procurador general de la Naciòn.-
Para el grupo Bemberg, el convenio ponìa fin al pleito . pero para el Estado significaba la admisión de importantes concesiones y rehabilitar al grupo que volverìa pronto a controlar la industria cervecera. Si bien el caso Bemberg fue excepcional, ilustra la compleja dinámica que evidenciaron las relaciones entre el Estado peronista , los grupos empresariales y el capital extranjero, aunque la ruptura abrupta del proceso de control y administración por parte de los trabajadores de una empresa líder en el mercado, no permitiò despejar la incertidumbre en cuanto a la evaluación de las experiencias de este tipo.-
